Es un ejercicio válido reconocer cómo las decisiones de un gobierno, mediante sus asignaciones presupuestarias (por ejemplo) reflejan sus prioridades. Los intereses del Estado entran en conflicto con los de la población, principalmente en un país como Guatemala, en donde el acceso a productos culturales no se considera importante. Plaza Pública analiza el catch 22 que ha experimentado Editorial Cultura, luego de que se le prohibiera… publicar libros:
«….en enero 2015: por razones de austeridad el Ministerio de Finanzas prohibía a todas las entidades del gobierno la publicación de libros. La orden, contenida en una circular, dejaba a esta editorial que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes, sin ninguna razón de ser.
Javier Payeras, como representante del Ministerio; Ilonka Matute, directora de la Biblioteca Nacional; y Francisco Morales Santos, jefe de Editorial Cultura. Foto: Facebook/Editorial Cultura
¿A qué nos vamos a dedicar, si no podemos publicar libros?, se preguntaban los diseñadores y correctores de la casa de edición. Mientras tanto, su director, el reconocido poeta Francisco Morales Santos, se enfrentaba a un doble problema administrativo que hubiera emocionado a Kafka: “Si seguíamos publicando libros pensando que la circular no nos concernía, nos podían decir que estábamos contraviniendo una orden. Pero si no publicábamos, tampoco podíamos ejecutar el presupuesto, y allí empezaban otros problemas”, explica el escritor.
Morales Santos se abocó a la Dirección de las Artes para obtener instrucciones. Pronto se dio cuenta de que nadie le daba un real seguimiento a la circular del Ministerio de Finanzas, nadie, tampoco, era capaz de darle explicaciones. Como muy pocos en el gobierno conocen la existencia de la Editorial Cultura, su caso no fue considerado al emitir la orden de austeridad.
Por estas trabas, la editorial no ha logrado publicar un solo libro este año».
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